Chile: Sigue la corrupción de la elite política

Publicación original em https://plrchile.com/6769-2/ 

Contraloría encontró evidencias de fraude en licitación de cámaras corporales para Carabineros bajo gestión de Martorell después de que la licitación de 300 cámaras para el equipamiento de Carabineros fuera concedida a la empresa Motorola, la firma Pegasus -uno de los oferentes excluidos- interpuso una querella en contra de Katherine Martorell por delitos de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que incluye a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora.

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito tras detectar una serie de irregularidades en la licitación de cámaras corporales para Carabineros, cuya compra fue visada en 2020 por la ex encargada de la división gubernamental Katherine Martorell (RN), quien actualmente es parte del comando del candidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel.

Mediante un comunicado, el ente fiscalizador informó que remitió los antecedentes de la auditoría -realizada a solicitud del diputado DC Gabriel Ascencio- a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ante hechos que podrían revestir carácter de delito.

La pesquisa de los fiscalizadores dio cuenta de falencias en el proceso de licitación, efectuado durante 2020 y que comprendió la compra de cámaras corporales para la policía militarizada por 378 millones de pesos, que debían tener como una de las principales características la función «post recording», que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuese apagada.

Se determinó que Motorola, empresa que se adjudicó la licitación, presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación. «Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020», indicó Contraloría.

Además, en su propuesta, la firma no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función «post recording», elemento expresamente señalado entre las exigencias en las bases de licitación.

En otro punto, la empresa tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema. No obstante, igualmente se le asignó puntaje máximo.

Tras la recepción de las 300 cámaras, la CGR constató que la Subsecretaría de Prevención del Delito no verificó que los aparatos cumplieran efectivamente con función post recording, lo que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.

Un poco de historia:

Dentro del concurso para la licitación de este equipamiento, una de las condiciones obligatorias era que las cámaras cumplieran la función de pre grabado y post grabado, sin este recurso las empresas concursantes quedarían excluidas de la posibilidad de ser las proveedoras elegidas.

Las bases de este concurso fueron publicadas en el portal Mercado Público, al que postularon ocho empresas: Entel, Pegasus, Motorola, Raylex, CTS Global, DRV Ingeniería, Incotel y Smart Partners que representa a la firma Axon, cuyos productos ya son utilizados por carabineros desde principios del año 2020.

Sin embargo, después de que la licitación de 300 cámaras para el equipamiento de Carabineros fuera concedida a la empresa Motorola, la firma Pegasus -uno de los oferentes excluidos- interpuso una querella en contra de Katherine Martorell por delitos de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que incluye a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora.

La firma -representante de la multinacional Hytera– acusó que hubo un verdadero entramado criminal de falsificaciones, prevaricación y fraude al fisco en la entidad, con el único fin de favorecer a Motorola.

Ya que a juicio de los querellantes las captadoras de imágenes vendidas por la multinacional, poseen solo “pre grabado”, en circunstancias que las bases de licitación establecían, además de este último requisito, el “post grabado”.

Las pruebas consignadas a favor de este argumento demuestran en diferentes puntos, como desde el entramado burocrático para la licitación, se arregló de manera conveniente que Motorola cumpliera con las especificaciones, a pesar de que en primera instancia no fuera así, para este argumento los puntos tomados en cuenta fueron las siguientes irregularidades en el proceso:

1-La firma Pegasus presentó un recurso de reclamación a Martorell el 16 de marzo del 2020, argumentando anomalías en la adjudicación, ya que su propuesta era $131 millones más barata que Motorola. Y que por cierto cumplía con todos los requisitos, agregó en la presentación.

La respuesta de Martorell fue rechazar estos alegatos utilizando como excusa una búsqueda de la ficha técnica de las cámaras en Google, donde se puede ver que estas cámaras si cumplen con el requisito de post-grabado.

Sin embargo, después de revisar los metadatos de dicha hoja técnica se puede ver que esta hoja de especificaciones fue creada en el mismo tiempo en el que se esperaba una respuesta por parte de Martorell a Pegasus, y que al revisar más a fondo se puede encontrar la primera ficha técnica de las cámaras, donde no cuenta entre sus funciones el post-grabado requerido.

2-Con $440 millones de la billetera fiscal, tal como establece el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, fechado el 9 de marzo del 2020.

Es irregular que la empresa Smart Partners haya llegado junto a Motorola como los dos únicos concursantes para la licitación de los productos, ya que al saber de antemano que el presupuesto ofrecido por Smart Partners era de $463 millones debió haber quedado fuera del concurso mucho antes, con el presupuesto en mano, Martorell convenientemente le adjudica la licitación a Motorola quien ofrecía un presupuesto menor en comparación de $378millones.

3-La firma Pegasus ofrecía un trato mucho más conveniente en términos monetarios, ya que el presupuesto entregado fue de $202 millones, es decir $131 millones menos que lo ofertado por Motorola, sumándose a esto, que efectivamente Pegasus cumplía cabalmente con todos los requerimientos para la licitación en cuanto a la ficha técnica de sus productos.

Sin embargo, las excusas utilizadas desde la ex subsecretaria de previsión para dejar esta empresa fuera del concurso, fue no respaldar y detallar que las cámaras compartieran imágenes “en ciertos períodos con entidades externas”, como lo establecían las bases. Y no detallar ni respaldar el contar con funciones para difuminar rostros.

Pero la investigación realizada por Radio Bio Bio durante el 2020, detalla varias irregularidades en este proceso que evidencian una clara tendencia a favorecer a Motorola en la licitación.

-La firma si fue consultada sobre los supuestos incumplimientos de las bases de la licitación, a Pegasus, los revisores le pidieron detallar todas las características del producto, pese a que en esta fase solo debía “declarar” que sí cumplía los requisitos, mientras que a Motorola solo se le pidió confirmar el plazo en que pondría a disposición los productos si es que ganaba, aun teniendo en cuenta que para la fecha de estos trámites, en la hoja técnica de sus productos no aparecía el post-grabado como uno de los requisitos cumplidos.

Sin embargo y pese a las demostraciones de Pegasus donde existe una detallada descripción de su producto, Desde la subsecretaría -se explicó- que a Pegasus se le requirió un sitio web donde Hytera mantuviera la información completa de los productos, pero no lo hizo. Y que solo presentó una declaración jurada simple, en la que señalaba que los productos ofertados constaban de las características solicitadas en la licitación.

De esta forma se dejó a la firma fuera del concurso para la licitación de las cámaras, basándose en un trámite burocrático, que no especifica con exactitud los motivos para dejar fuera dicha empresa.

4-Luego que el 11 de marzo del 2020 la ex subsecretaria Katherine Martorell, adjudicó la licitación a Motorola, Pegasus ingresó un recurso de reposición ante la Subsecretaría con fecha del 16 de marzo, en el que argumentaba que hubo anomalías graves en el proceso, solicitando que se revocara la decisión ya que, por precio y cumplimiento de las bases, debió ser la elegida.

Su principal argumento es que el producto de Motorola carecía del post grabado, tal como establecían los folletos comerciales subidos a Mercado Público.

Sin embargo y haciendo caso omiso de este recurso presentado por Pegasus, Katherine Martorell firmó el decreto exento Nº 406 aprobando el contrato con Motorola. Mientras un equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito preparaba la respuesta a la empresa.

Cabe destacar que, en el acuerdo de voluntades, deben quedar expresado los alcances y responsabilidades de ambas partes y también las características que deben tener las 300 cámaras en “los términos contenidos en la propuesta entregada por la empresa”  

A pesar de este requerimiento, Al contrato mencionado se le adosó la propuesta técnica presentada por Motorola en la licitación, fechado el 28 de febrero de 2020. Donde sigue sin aparecer el requisito técnico de post-grabado.

Todo el proceso antes descrito demuestra un complejo entramado burocrático, que fue destinado a favorecer una empresa sobre otra, a pesar de que la empresa que finalmente ganó la licitación, fuera quien no cumplía las características requeridas y sumando a esto, las anomalías que dan a entender una falsificación de documentos de fichas técnicas, entre otros delitos.

La explicación más lógica para esto, es la existencia de un acuerdo entre la empresa Motorola y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Pero vamos un paso más adelante, de ser verdad que las cámaras licitadas con Motorola, de las cuales Carabineros hizo uso durante el 2020 y 2021 en sus operativos policiales, carecen del sistema de post-grabado automático, sin que dependa este del control manual del agente de la represión que lo use, quiere decir que al momento de grabar los operativos, el agente tuvo el poder de parar la grabación antes de empezar a violar los derechos humanos como acostumbran en cada procedimiento y que este aparato, no seguió grabando lo que podrían ser pruebas importantes para la defensa de las víctimas dejadas por la represión.

Si bien sabemos que la justicia en Chile se adapta convenientemente al lado del represor, el tener unos segundos de imagen donde consten las graves violaciones de derechos humanos que comete Carabineros cuando creen que no los están grabando, pudieron ser una herramienta poderosa a la cual apelar frente a la fiscalía y que pudieron cambiar algunas cosas en favor de los afectados.

En este caso, Martorelli no solo estaría cometiendo los delitos por los cuales se presenta la querella, también cometió el delito de obstrucción a la justicia, ya que al ser el post-grabado un elemento judicial importante para encarcelar a quienes cometen sus delitos amparados en el uniforme, y si estas cámaras no lo poseen, estamos en presencia una vez más, de hechos que facilitan la labor represiva por parte del Estado hacia el pueblo chileno.

Esperemos a ver como concluye este nuevo caso de corrupción, que se viene a sumar a cientos de denuncias que dejan constancia que estamos gobernados por un conjunto de personeros corruptos y podridos al servicio de sus propios intereses y que tienen al Estado como su “caja chica” personal.

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