Luego de la Dictadura Militar encabezada por el General Augusto Pinochet, los gobiernos de la llamada “democracia” profundizaron el sistema que implementó la Dictadura.
Treinta años de gobiernos civiles supuestamente democráticos dejaron un saldo de aproximadamente 800 presos políticos, 190 compañeros asesinados, mucha gente que tuvo que irse al exilio forzoso.
Estos treinta años resultaron en una enorme crisis económica, social, política y cultural que llevó al pueblo chileno a una situación insoportable. Estas fueron las causas de la rebelión popular en Chile que estalló en octubre de 2019.
En medio de la Rebelión y cuando el sistema usaba agua en varios puntos, los partidos políticos oficiales nuevamente, bajo presión de los grandes capitalistas, buscaron canalizar el descontento por la vía institucional, a través de algunas reformas que incluían la Convención Constitucional.
La Convención tiene como objetivo redactar una nueva Constitución. Se mantendrán los pilares básicos establecidos por la Dictadura en la Constitución de 1980. El más importante de ellos es el orden público y económico, que también se conoce como el “sistema neoliberal”.
La Convención Constitucional no puede modificar ni rechazar los tratados de libre comercio, que son 29 en total, con varios países. Permiten que las potencias imperialistas controlen la economía chilena a su antojo. La burguesía local, como socio menor, puede quedarse con una pequeña parte del pastel.
El segundo mecanismo fundamental de la Dictadura es el establecimiento de un sistema de supramayoría que, para poder modificar la Constitución o promulgar leyes importantes, requiere la existencia de más de dos tercios de todos los votos de los parlamentarios. Esto hace que sea prácticamente imposible modificar algo importante. Este mecanismo pudo haber sido rechazado por la Convención, pero lo aprobó, revelando incluso su carácter de clase.
De esta forma, la Convención Constituyente semi falsificada cumple el papel de convertirse en un colchón tranquilizador para la furia de las masas y los trabajadores.
En Chile en este momento, es claro que nada ha cambiado mientras continúa el mismo sistema estructural que fue implementado por la Dictadura.
La “democracia pinochetista” en la base de la Rebelión Popular
A dos años de la Rebelión Popular de octubre de 2019, hoy la situación es aún peor que hace dos años.
Se ha aprobado un conjunto de leyes aún más represivas contra el movimiento popular, el movimiento obrero y los manifestantes callejeros.
En estos dos años, todavía hay muertes, torturas y presos políticos.
La prensa burguesa y los partidos políticos oficiales se han centrado en criminalizar las protestas sociales. Más de 800 presos políticos se encuentran en los sótanos del llamado régimen “democrático”. Sobre todos ellos se ha aplicado una legislación en la que no se ha respetado el derecho a la libertad de confianza y el derecho a las medidas cautelares en libertad. Entonces hay compañeros que, después de haber pasado más de año y medio en prisión, han sido liberados sin cargos. La prisión preventiva se utiliza como sentencia anticipada sobre quién es castigado por haberse manifestado y luego es puesto en libertad sin cargos.
Carabineros, que funcionan como policía nacional unificada, una de las más represivas del continente, han sido mejor equipados para reprimir las manifestaciones, con inversiones superiores a los mil millones de dólares.
Hoy existe la declaración de un “Estado de Emergencia”, un virtual “estado de guerra”, en toda el área de territorios Mapuche, el Walmapu. La Armada, la Fuerza Aérea, los Carabineros, la PDI (Policía de Investigaciones) y el Ejército se han establecido en la región con tanques, aviones, helicópteros, drones y tropas para controlar las justas protestas del pueblo Mapuche.
Vivimos en Chile un estado policial militar que no es más que la expresión de la dictadura de la burguesía.
Solo en la Rebelión Popular, 58 personas murieron por la violencia represiva, aproximadamente 8.200 resultaron heridas, 633 víctimas de traumatismos oculares que perdieron total o parcialmente la visión. Hay aproximadamente 400 casos de abuso sexual por parte de fuerzas represivas. Hay 12.000 juicios por violaciones de derechos humanos y 800 presos políticos. Hasta el momento, solo dos agentes represivos han sido condenados por gravísimas violaciones de derechos humanos, y eso porque habían sido filmados explícitamente. El teniente coronel Crespo, quien dejó ciego al joven Gustavo Gatica, obtuvo una Medida Cautelar que le permite esperar en su casa el resultado del proceso judicial.
Estos mismos tribunales aplican todo el rigor de la Ley para que los presos políticos puedan tener derecho a Medidas Cautelares.
La brutal represión ejercida por el régimen político se hizo patente una vez más, el 18 y 19 de octubre, en todo Chile, cuando más de tres millones de chilenos tomaron las calles y más de 200.000 personas se manifestaron en la Plaza Dignidad. El resultado de la represión fue de tres nuevas muertes, más de 450 personas detenidas y más de 130 heridas.
La represión también se ha intensificado contra los trabajadores que plantean demandas. El 20 de octubre, un grupo de pescadores artesanales de Valparaíso, luego de ocho años de espera, reclamó el derecho a poder regresar al muelle donde guardan su fuente de trabajo. Hicieron una protesta desde los barcos en el mar. La Armada, utilizando corbetas y lanchas anfibias, golpeó las embarcaciones de los pescadores, dejando un saldo de varios heridos, entre otras cosas porque también se utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones. La indignación fue tan grande que los estibadores del Puerto de Valparaíso y otros trabajadores se sumaron a las protestas.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Chile, desde el 19 de octubre de 2019, más de 90.000 personas han sido detenidas. De ellos, más de tres mil presos políticos han pasado por las cárceles del régimen. Además de los 800 presos políticos, hay varios otros con Medidas Cautelares, sujetos a enjuiciamiento.
La situación es dramática, la represión es salvaje en Chile. La impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad es total.
Las esperanzas en la Justicia del régimen, en el Parlamento y en la falsa Convención Constituyente solo pueden ser nulas.
El papel de la falsa Convención Constituyente es salvar el sistema, controlar las protestas para aplastar las justas demandas del pueblo chileno. De esta forma se salvaría la estructura del pinochetismo, que fue el primer laboratorio del llamado neoliberalismo a escala mundial.
Los presos políticos, todos víctimas de la agresión del régimen pinochetista, exigen la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos. Además de las declaraciones y comunicados, debemos brindar solidaridad activa, movilización, unión en la lucha, y también solidaridad material con el pueblo chileno y otros pueblos que se están levantando.
La principal tarea de los verdaderos revolucionarios, antiimperialistas y demócratas es ayudar a impulsar y organizar luchas y vincularlas y sincronizarlas a escala continental (para empezar), especialmente con el pueblo chileno que en este momento continúa liderando el enfrentamiento contra la burguesía e el imperialismo.
