El gobierno de Bolsonaro está compuesto por varios grupos de derecha y extrema derecha que actúan a instancias de los grandes empresarios, principalmente norteamericanos, para masacrar a Brasil y salvar sus ganancias de la crisis capitalista.
Bolsonaro es una especie de rostro folclórico de este Gobierno, que hoy depende para gobernar del “Centrão”, el sector del “bajo clero”, uno de los más podridos del Congreso Nacional.
Por detrás, actúan y mandan los generales, los altos jueces, la gran prensa, las asociaciones de grandes empresarios y la Embajada de Estados Unidos.
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En su formación, el Gobierno Bolsonaro se construyó sobre cuatro pilares principales. La Operación Lava Jato controlando la Justicia. Los generales ganando posiciones de manera paulatina. El Chicago Boy Dr. Paulo Guedes controlando el super ministerio de Economía a instancia de los grandes buitres capitalistas. Los gobernadores Bolsonaristas.
La cara folclórica inicial de Bolsonaro estuvo compuesta por el PSL (Partido Social Liberal) y el ideólogo Olavo de Carvalho.
El Centrão (que está compuesto principalmente por los parlamentarios del llamado “bajo clero”) tuvo un papel secundario, pero fue importante a través de los parlamentarios representantes de los terratenientes, evangélicos y vinculado a los líderes regionales y los municipios más atrasados.
La aparente estupidez y las retribuciones recurrentes de Jair Bolsonaro respaldaron la máxima de que cada vez que hay una crisis grave, los ricos buscan a un hombre de bajos ingresos para administrar el estado. Detrás de escena hay una alta burocracia directamente vinculada a los grandes capitalistas que imponen la masacre contra los pueblos.
A raíz de políticas erráticas y cuando surge una gran crisis en el propio PSL, el Gobierno lanzó el 5 de noviembre de 2019, el “Plan Más Brasil” con el objetivo de impulsar reformas en el Estado, reduciendo el gasto social. servicios públicos para facilitar la entrega completa de Brasil.
Este Plan consta de tres Propuestas de Enmienda a la Constitución (PECs 186, 187 y 188) que también promueven profundos ataques a los servidores públicos.
Se trata de la continuidad de la política de recorte del gasto público social, Ley del Techo, que fue aprobada en octubre de 2016, durante las elecciones municipales, la “Izquierda” esbozará una reacción. Fue el tejido súper ajustado para el gasto social, que se basó en el recorte más extremo del presupuesto público federal que le presento a Dilma en 2015.
Las transferencias parasitarias de recursos a los amortiguadores capitalistas han aumentado de manera constante.
La Ley de Financiamiento, que se encuentra en proceso de aprobación, coloca los supuestos públicos municipales, estatales y federales bajo el control directo de la especulación financiera.
En marzo de 2020, el gobierno de Bolsonaro transfirió R $ 1.250 mil millones a grandes bancos. Luego, el PEC 10/2020, denominado “PEC del Presupuesto de Guerra”, que, entre otras barbaridades, permite al Banco Central rescindir incluso empresas que tienen sucursales en Brasil.
El gobierno de Bolsonaro busca privatizar 180 empresas federales y 250 estados por nada.
Junto con la privatización clásica, la “privatización blanca” se ha incrementado exponencialmente a través del desmantelamiento de grandes empresas públicas como Petrobras, Eletrobras, bancos públicos y el sector eléctrico, entre otros.
En el caso de Correos y Casa de la Moneda, el proceso de venta se combina con la retirada de artículos. El Gobierno en la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo (ACT) e insto a una nueva legislación laboral, que también fue aprobada sin que la futura “Izquierda” Bolsonarista hubiera disparado de un solo tiro.
Ahora es legal el trabajo intermitente, la subcontratación de actividades centrales, los contratos individuales y el fin de la práctica de los procesos laborales y otras “maravillas” similares que ponen a los trabajadores en condiciones similares al trabajo eslavo.
La educación y la salud se encuentran en un estado lamentable. El objetivo es privatizarlos.
La Reforma Administrativa busca acabar con todos los servicios públicos para la población.
Para imponer un infame programa de bronceado, el gobierno de Bolsonaro endurece el sistema político.
Varias leyes proto-fascistas (PL) están siendo procesadas en el Congreso. Están siendo aprobados con el apoyo de la “izquierda” bolsonarista. Algunos PL fueron nombrados Double Express como la Ley Patriota de Última Clase, en referencia a la Ley Patriota promulgada por George Bush Jr. en 2001.
El Proyecto de Ley 2418/2019, presentado por José Medeiros, de Pode / MT, legaliza el monitoreo de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram.
Modifica la Ley No. 12.965 / 2014, que por su texto excluye a los proveedores de Internet de monitorear las publicaciones de los usuarios que involucren “actos preparatorios o amenazas de delitos atroces contra el terrorismo”. La información debe transmitirse a las autoridades.
Si el proveedor no puede monitorear, debe permitir la instalación de software o equipo por parte de las autoridades.
El PL permite la infiltración de agentes de las agencias de inteligencia y seguridad pública en las redes telefónicas e Internet para analizar información sobre atentados terroristas y homicidios, según lo dispuesto por la Justicia Militar.
El PL 3389/2019 impone la obligación de vincular un CPF a cada persona de la red social, permitiendo el anonimato de las redes. Se revivió la antigua Ley Azeredo, rebautizada como AI-5.
El PL 1595/2019 del alcalde Víctor Hugo otorga licencia para matar e institucionaliza los escuadrones de la mujer. Los es parte de la coordenada con características especiales centralizadas, según PL 1325.
El PL 1595 fue aprobada por las Comisiones del Congreso con la complicidad de toda la Izquierda bolsonarista, hasta que bromeó el informe del Reportero en la retransmisión de TV Cámara, agradeciendo a la Izquierda su colaboración.
PL 5327/2019 incluye caracterización como terrorista para activistas políticos.
EL PL 5694/2019 elimina la excepción de los movimientos sociales y la consideración de “terroristas”.
PL 9432/2017 criminaliza las manifestaciones sociales.
El Decreto 10.046 (10.10.2019) promulgado por Bolsonaro, permite la creación de una gran base de datos utilizando datos biométricos, el iris, la palma, la forma de caminar, la voz, además de datos genéticos.
¿Es el gobierno de Bolsonaro fuerte o débil?
El grupo cercano a Jair Bolsonaro es débil. Es tan débil que su grupo perdió el control de su propio partido, el PSL, y se vio obligado a gobernar con el apoyo del “Centrão”.
La base anterior, conformada por el PSL, la bancada de los terratenientes, la banca de la bala y la banca evangélica, entró en crisis con la salida del Presidente y de sus hijos del PSL.
Más de 30 solicitudes de impedimento político del Presidente de la República fueron suspendidas por el Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido DEM, Demócratas / RJ, y miembro del “Centrão”).
El ala militar del Gobierno, aprovechándose del desgaste de Bolsonaro, se fortaleció. Incluso impusieron como Ministro de la Casa Civil (una especie de primer ministro) al General Braga Netto, quien actúa como “Presidente Operativo de Brasil”.
La crisis del régimen político es tan grande que Bolsonaro despidió a sus principales ministros (Luíz Henrique Mandetta y Sergio Moro), con el respaldo de los militares.
Los generales se encargaron de “controlar” al ministro de Economía, Paulo Guedes, incluso con la presentación de un plan económico (Plan Pro-Brasil) sin el consentimiento del Ministerio de Economía.
Los generales del Ejército hoy en día parecen estar tan vinculados al imperialismo norteamericano como todos los sectores de la élite gobernante brasileña.
La tensión en las relaciones entre la Unión y los estados y municipios, se fundamenta en la disputa por los recursos, que cada día son más escasos. El gran capital impone un descomunal expolio, lo más centralizado posible, a partir del Gobierno Federal.
El resto de los poderes, el Poder Judicial y el Congreso funcionan, pero bajo la creciente tutela de la alta burocracia y los generales, que actúan bajo el control de los grandes buitres capitalistas.
La crisis económica y política avanza rápidamente en Brasil como reflejo de la crisis mundial.
Los grandes capitalistas buscan pasarle las cuentas de su crisis a los trabajadores, principalmente de Brasil y América Latina, que es considerada por la principal potencia mundial, los Estados Unidos, como su patio trasero.
Para masacrar los brasileños y los latinoamericanos, el régimen político se endurece, y mucho. Las elecciones municipales de 2020 revelaron el camino hacia elecciones mucho más reaccionarias, controladas y manipuladas en 2022.
El gran objetivo de quienes controlan las palancas del poder, los buitres capitalistas, es chuparnos hasta la última gota de sangre para contener la caída de sus ganancias. Al mejor estilo del sanguinario dictador Augusto Pinochet.
No olvidemos que Pinochet, además de haber desaparecido 4.000 personas, asesinó a casi 100.000, incluso con bombardeos de fábricas. Un número muy alto considerando que en la década de 1970, la población chilena era de aproximadamente 10 millones de habitantes.
En el próximo capítulo, trataremos de la política para imponer un Banestado 3.0 com mecanismos de soborno para favorecer la masacre de Brasil y leyes nazis para quienes organizan la lucha y la resistencia.
Paralelamente, buscan imponer el modelo narco-paramilitar del Estado colombiano con varias medidas concretas para integrar a las principales bandas criminales al Estado. Eso ya está en marcha en Brasil.
